Al acontecer el golpe militar, en septiembre de 1973, la historia de Chile cambió abruptamente. La imposición de la dictadura, que supuestamente iba ser solo de transición para volver al orden y la democracia, persistió por 17 años, en los cuales se estableció un rígido régimen de facto autoritario y represivo.
Inmediatamente después del golpe se crea una junta militar, en que se representa a las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas: el general Gustavo Leigh de la Fuerza Aérea; el general José Toribio Merino de la Marina; el general Augusto Pinochet del Ejército y el general César Mendoza de Carabineros. Se promulga la declaración de principios, documento que explica la instauración del gobierno y la forma en que Chile será regido. Además la junta expresa que su mandato durará por un corto periodo, en donde se volverá a la institucionalidad y orden para Chile. Sin embargo, ya para el año 1973, se cometían excesivos abusos contra todo aquél que estuviera en oposición al régimen; la tortura se hizo inminente; los abusos se masificaron junto con los exiliados y las muertes. De esta manera, se propagó el temor y la amenaza; y con estas herramientas se ordenó Chile.
En tanto, todo el sistema se vio transformado. La economía se convirtió en una verdadera revolución, implantándose un modelo novedoso, nunca antes desarrollado en el mundo. Era una continuidad del liberalismo económico pero llevado al extremo. Si bien el capitalismo vio su fin en la gran crisis de 1929, causado fundamentalmente por su excesivo laisser fair, donde no hubo ninguna reglamentación ni fiscalización, hubo un economista austriaco llamado Friedrich Von Hayek, quien teorizó y cuantificó matemáticamente al liberalismo económico llamándolo monetarismo. Este método trataba sobre el control de la moneda por parte de cada país, para controlar la inflación. Su libro “Camino a la servidumbre” exponía toda su teoría y la crítica hacia la teoría keynesiana. La doctrina establecida estaba marginada y ni siquiera en Europa se utilizaba, pues no se quería regresar a una severa crisis económica como la del ’29. Por ese entonces se requería de la teoría de Keynes, la cual establecía la intervención del Estado en el desarrollo económico para levantar políticas sociales, creando un estado benefactor. Chile fue el primer país que estableció política monetaria de Hayek, gestionada por unos economistas venidos de la Universidad de Chicago, que por ese entonces era la única institución que propagaba tal doctrina. Toda esta política se implantó bajo el autoritarismo del General Pinochet. “Los chicago boys”, como fueron conocidos, deseaban sacar al país de la severa crisis inflacional, utilizando tales enunciados del neoliberalismo. Para esto se implantaron severas políticas sociales, disminuyendo el gasto público, afectando a gran parte de la sociedad. Además se privatizó todo lo que antes se había sido estatizado. Bajaron los impuestos aduaneros; liberalizaron los precios y se incentivó a la inversión, dándole énfasis al mercado financiero. Estas medidas llevaron a que Chile saliera de su crisis, incrementándose la producción y el crecimiento, aunque con un enorme costo social.
En cuanto a lo político, Chile de una democracia pasó a una dictadura militar, estando gobernado por siete años en estado de sitio y sin la tutela de un reglamento jurídico. Recién en 1980 se dicta la constitución, pero no se ejerce, sino hasta 1990. Bajo este régimen no había derechos ni libertades individuales. No se podía crear partidos políticos por lo que tampoco había oposición ni un parlamento. No había legislación, sólo se gobernaba por decretos leyes. El poder judicial era el único que mantenía una cierta autonomía, pero tenía gran simpatía por el régimen, así que no fue muy efectivo. Todo el poder recaía en la junta militar. Se crearon agrupaciones que asesoraron al gobierno como los gremialistas, quienes ocuparon cargos públicos y ayudaron a la elaboración de la constitución. Los gremialistas se basaban en la doctrina corporativista franquista de España, donde se explica la sociedad orgánica, es decir, la sociedad debe estar representada por organismos intermedios, los cuales deben alcanzar fines específicos. Su máxima figura fue Jaime Guzmán, quien más tarde fundará la UDI.
Simultáneamente, la sociedad estaba oprimida. Había rígidas restricciones para las libertades individuales. Hubo un fuerte poder coercitivo contra personas inocentes, pero según el gobierno culpables. Para esto se gobernó con tiranía, lo que llevó a que el temor horrorizara a la población. El toque de queda era frecuente. Las represiones contra las protestas o cualquier acto de emancipación, fueron altamente violentas. Muchas personas fueron tomadas prisioneras y encarceladas en centros de reclutamiento como el estadio nacional. Allí muchas fueron torturadas y eliminadas por las fuerzas militares y de carabineros, y sus cuerpos desaparecidos. Cualquier acto de sospecha era tratado. Muchas personas se mandaron al exilio, sin saber cuando volver. De esta forma, fueron constantemente violados los derechos humanos. Ante tan crudo panorama, hubo una institución que fue testigo de tales horrorozidades y que actuó de acuerdo a sus principios cristianos. La Iglesia fue el órgano que más protestó contra los crímenes y abusos cometidos por el gobierno, donde se percató tempranamente de las violaciones de los derechos humanos. Su máximo opositor fue el Cardenal Raúl Silva Henríquez, quien representó “la voz de los sin voz”, hecho que enfurecía al gobierno militar. No obstante, hubo un grupo de eclesiásticos que sì apoyaban al régimen, pues era la única salida para terminar con la caótica situación que Chile pasaba, aunque con el tiempo se retractarían por los permanentes abusos que se cometían. Tal vez, la Iglesia fue la única institución que no fue tocada por el régimen y la única que le armó una constante oposición.
De este tema es el que se tratará de inmediato en este trabajo, donde se explicará el actuar de la Iglesia durante el régimen militar, cuestionando si fue una verdadera oposición si y realmente logró ser una ayuda a la sociedad desamparada.
Hacia la década del ’80, el cardenal Raúl Silva Henríquez termina su labor, asumiendo en su reemplazo el Arzobispo Juan Francisco Fresno Larraìn. Éste prosigue con la labor del antiguo cardenal, pero con una situación menos restringida, pues se estaba desarrollando una “política de apertura” dirigida por el ministro del interior de ese entonces, Sergio Onofre Jarpa. En aquella situación, se tomaron medidas para apaciguar el panorama político social, el que pasaba por un momento bastante álgido. La gran causa de aquello fue la severa crisis económica que afectó a los sectores mas pobres de nuestro país, originando grandes y violentas protestas por la capital, siendo fuertemente reprimidas.
